El pasado martes 19 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó una reforma del reglamento de la Ley de Extranjería, considerada por Elma Saiz como “la más integral y ambiciosa” desde su entrada en vigor hace 13 años. Esta norma busca regularizar la situación de cerca de 300.000 personas al año entre 2025 y 2027, agilizando plazos y simplificando los trámites para que los migrantes en situación irregular puedan obtener permisos de trabajo y residencia. También incluye una vía transitoria para regularizar a solicitantes de asilo cuya petición haya sido rechazada, ayudándoles a salir de la clandestinidad.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha resaltado la «transversalidad» de esta reforma, diseñada para abarcar múltiples áreas e impactar de manera significativa en la gestión migratoria.
El texto definitivo fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor dentro de seis meses, marcando un nuevo enfoque en las políticas de extranjería en España.
En este post te explicamos más acerca de este nuevo reglamento, informándote sobre las principales reformas.
Se reduce el tiempo de residencia exigido para acceder al arraigo
Como novedad, las modalidades de “arraigo social” y “arraigo laboral” se fusionan en una nueva figura, el “arraigo sociolaboral”, y se reduce de tres a dos años el tiempo requerido para que un migrante sin papeles pueda solicitar un permiso de residencia.
Para solicitar este permiso, los interesados deberán presentar, como hasta ahora, una oferta de contrato de trabajo, aunque el requisito de horas mínimas de este se ha flexibilizado: en lugar de 30 se exigirá un mínimo de 20 horas semanales. Además, también se podrá presentar varios contratos consecutivos en trabajos estacionales para alcanzar el número mínimo de horas requeridas.
Un nuevo tipo de arraigo
La reforma del reglamento introduce el concepto de “arraigo de segunda oportunidad”, que permite regularizar a personas que habían tenido un permiso de residencia en los dos años previos a la solicitud, pero que no pudieron renovarlo por motivos ajenos a cuestiones de orden público, seguridad o salud. Un ejemplo de esto podría ser aquellos que no pudieron renovar su autorización porque estaban fuera del país por vacaciones. Con esta medida, se amplía el acceso al arraigo, permitiendo regularizar situaciones de irregularidad administrativa reciente, algo que anteriormente no se contemplaba.
Todos los visados serán de un año
El nuevo reglamento trae consigo una modificación clave en los visados, creando un título específico que facilita los trámites y aclara las funciones de los consulados y las oficinas de extranjería. A partir de ahora, las autorizaciones iniciales tendrán una duración de un año, mientras que las renovaciones serán por cuatro años. Esto busca evitar que se generen situaciones de irregularidad sobrevenida, y facilita el proceso de transición entre diferentes tipos de residencia; por ejemplo, los migrantes no tendrán que abandonar España para cambiar de residencia temporal a larga duración.
El visado para la búsqueda de empleo también tendrá una vigencia de un año, lo que permitirá a los solicitantes disponer de más tiempo para encontrar trabajo y poder solicitar posteriormente una autorización de trabajo de mayor duración, reduciendo el riesgo de caer en la irregularidad. Por último, esta medida beneficia igualmente a los estudiantes extranjeros, ya que flexibiliza la conversión de los permisos de estudio a autorizaciones de residencia y trabajo, haciendo el proceso más accesible.
Mayor protección laboral y fomento de la formación
El nuevo reglamento, según explicó Saiz, tiene como objetivo impulsar la integración de la población extranjera en España a través de tres pilares clave: empleo, educación y vida familiar.
En cuanto al ámbito laboral, la mayoría de las autorizaciones permitirá a los inmigrantes, inclusive quienes vienen a estudiar, comenzar a trabajar de inmediato, sin necesidad de pedir un permiso expresamente.
Se reforzarán las condiciones laborales asegurando mayor protección desde su llegada hasta su registro en la Seguridad Social, y se incluirá la opción de cambiar de empleador en caso de abuso o situaciones excepcionales, como puede ser una plaga en la cosecha.
En cuanto a la educación, el nuevo reglamento otorga a quienes vengan a España a estudiar un permiso de estancia cuya duración será acorde a la de sus estudios. Además, durante este periodo, podrán trabajar hasta 30 horas semanales y, una vez finalizada su formación, acceder rápidamente a un permiso de trabajo. Esta medida pretende evitar que la persona migrante vuelva a caer en situación de irregularidad, facilitando así su integración en la sociedad. Tal como comentaba Judith Suárez, CEO de SRJ abogados en el periódico El Correo, “muchos inmigrantes acababan la formación y volvían a quedar en situación irregular”, por lo que se espera romper con esto gracias al nuevo reglamento de extranjería.
Mejora en la reunificación familiar
El nuevo reglamento también mejora el proceso de reagrupación familiar, estableciendo una autorización de residencia para los familiares de ciudadanos españoles.
Otra novedad es que se amplía la edad de los hijos beneficiarios de 21 a 26 años, con el objetivo de favorecer la vida familiar y, al mismo tiempo, facilitar la integración de los jóvenes en el mercado laboral. Además, se incluyen nuevas situaciones, como parejas no registradas que puedan demostrar una relación afectiva y la reagrupación de hijos y padres de víctimas de trata, violencia sexual o de género. La medida beneficiará principalmente a quienes hayan obtenido la nacionalidad española recientemente, permitiéndoles traer a sus familiares.
En resumen, esta nueva revisión del reglamento supone un avance significativo hacia la integración de los migrantes en España. Al poner el foco en la realidad migratoria actual, se centra en responder a las necesidades del mercado laboral y afrontar el desafío demográfico, promoviendo una integración más efectiva de los migrantes en la sociedad española y fortaleciendo su contribución al desarrollo económico y social del país.
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