Ayer, 13 de noviembre de 2018, falleció en la ciudad de Bilbao una ciclista de 46 años de edad falleció al ser arrollada por un camión cuando transitaba por la calle Autonomía en dirección a Basurto. El camión, perteneciente a una empresa de recogida y transporte de residuos, que circulaba en la misma dirección que la ciclista, la adelantó para girar a la derecha en dirección al Sagrado Corazón, momento en el que ocurrió el trágico accidente.
El hecho de encontrarnos ante un suceso aislado por ser éste el primer fallecimiento de un ciclista en el año 2018, no debe restarle importancia, ya que son muchas las situaciones complicadas e inseguras a las que se enfrenta este colectivo como consecuencia de un deficiente carril bici y una escasa regulación en la materia.
¿Cuáles son las circunstancias en las que se encuentran los ciclistas en la capital Vizcaína?
En la actualidad, diversas son las leyes que regulan las bicicletas y otro tipo de vehículos de características similares, como la propia ley estatal sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y sus Desarrollos Reglamentarios Generales de Circulación y de Vehículos que hacen referencia a la obligatoriedad de circular por la calzada o bidegorris de la ciudad. Sin embargo, la realidad en Bilbao es muy distinta cuando se observa a un número elevado de ciclistas circulando por las aceras o zonas peatonales. Este hecho se debe, por un lado, a un insuficiente carril bici que conecte las diferentes áreas de la ciudad, así como una deficitaria normativa al respecto.
Teniendo los entes locales potestad para dictar normas que regulen estos vehículos, así como su interacción en el mundo urbano, nos encontramos con un vacío legal importante en lo que respecta a la ciudad de Bilbao. Hasta el momento, el Ayuntamiento se ha limitado a firmar en el mes de junio un Pacto de Movilidad Sostenible, en el que se asientan las bases para la creación de un Foro para la Movilidad Sostenible en Bilbao, que será presidido por el Concejal o Concejala de Área de Movilidad y Sostenibilidad, y que se encargará del seguimiento del propio Pacto.
Llama la atención los intentos por parte del Ayuntamiento de hacer posible una mejor interacción entre los viandantes y las personas que se desplazan mediante estos vehículos, gracias a ejemplos como el Pacto por la Movilidad Sostenible, el Plan municipal “Bilbao 30-30”, así como su intención de que en 2023 el 4% de los desplazamientos que se produzcan en la ciudad sean en bicicleta, frente al 0,8% actual, cuando observamos deficiencias en muchos aspectos, esencialmente de carácter normativo.
¿Cuál será el panorama a partir de ahora?
A todos estos problemas que atañen a las bicicletas y vehículos más tradicionales, se suma la aparición de los vehículos de movilidad personal (VMP), así como las bicicletas eléctricas impulsadas por el Ayuntamiento de Bilbao en los últimos meses. En el caso de los primeros, la Dirección General de Tráfico ya regulaba ciertos aspectos en la denominada Instrucción 16/V-124, que no es de obligado cumplimiento, como una clasificación orientativa de este tipo de vehículos, así como las velocidades que pueden alcanzar en la urbe según sus tamaños. Además, es preciso apuntar, el problema que ha generado el hecho de llevarlos en otras ciudades, como la condal, a circular por el carril bici, al considerar que éstos deben quitar espacio a los coches y no a ciclistas ni a peatones.
Respecto de los segundos, el Ayuntamiento de Bilbao preveía para finales del mes de octubre o principios de noviembre sustituir las 200 bicicletas municipales que ya tenía por 300 eléctricas y, para un futuro próximo, prevé la cifra de 450. La idea es que aumente el número de personas que están inscritas al servicio “Bilbon bizi”, superando la cifra de 321.084 en préstamos de bicicletas municipales en el pasado año 2017.
Ahora bien, quedando patente los intentos por parte de las instituciones públicas de hacer de este mundo uno más moderno y ecológico, ¿tendrán regulación específica? ¿serán capaces de superar los problemas existentes hasta el momento? y lo que es más importante, ¿se sentirán protegidas ambas partes del conflicto, peatones y ciclistas, por leyes justas y adaptadas a esta nueva realidad?
